La Relatora Especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales de las Naciones Unidas, Alena Douhan denunció que la estatal venezolana Petróleos de Venezuela, SA “perdió 99 por ciento de sus ingresos externos, lo que paralizó los programas sociales, de educación, salud y desarrollo en el país”, debido a las acciones ilegales que impuso el gobierno de Estados Unidos hace ochos años.
La nota fue publicada con el título “Medidas Coercitivas Unilaterales: Efectos y Cuestiones de Legalidad”, en el Yale Journal of International Law, y forma parte de un Simposio sobre Enfoques del Tercer Mundo al Derecho Internacional y Sanciones Económicas, elaborado por la relatora bielorrusa.
De su análisis se desprende que la mayoría de las sanciones unilaterales son ilegales según el Derecho Internacional; por lo tanto, “estas medidas tienen un efecto perjudicial sobre las obligaciones internacionales de los Estados y los derechos humanos. Para empeorar las cosas, las exenciones humanitarias existentes son ineficaces e ineficientes”, explica.
Douhan señala que al ser medidas que violentan los derechos humanos -poniendo en riesgo el desarrollo de una nación y la vida de los ciudadanos-, este tipo de prácticas deben levantarse de inmediato.
“Hoy el mundo está experimentando una enorme expansión de sanciones unilaterales, en diversas formas: integrales, sectoriales, focalizadas, económicas, financieras, cibernéticas, primarias y secundarias, así como cargos civiles y penales por elusión de los regímenes de sanciones. Esta proliferación de sanciones ha tenido graves efectos humanitarios y plantea cuestiones espinosas de derecho internacional”, refiere la relatora especial de la ONU.
Agrega que las sanciones de tipo económico son una medida restrictiva que afecta “a toda la población del país objetivo, un sector de su economía, una empresa o individuo específico, o incluso un individuo no designado, o empresa (incluidas las de terceros países)”.
En el caso venezolano, el Estado y el pueblo son testigos de cómo se congelan sus cuentas bancarias y bienes del banco central y otras entidades financieras. Se secuestran sus recursos en oro y se entregan reservas a sectores de la oposición que respalda y avala la imposición de estas Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU), en detrimento del bienestar de las mayorías. Asimismo, la relatora de Naciones Unidas precisó que en el sector salud los países sancionados están sometidos a la imposibilidad de adquirir en el mercado los medicamentos, insumos, vacunas o equipos que requiere para atender a su población.
En sus palabras: “Los productores de equipos médicos y productos farmacéuticos prefieren no comprometerse con ninguna entidad de un país sujeto a sanciones, aunque los productos médicos suelen estar formalmente excluidos de los regímenes de sanciones”; de manera que “las sanciones unilaterales causan un impacto humanitario devastador en todas las categorías de derechos humanos de las personas en los países seleccionados, incluidos sus derechos económicos, sociales y culturales, así como los derechos civiles. Los derechos afectados incluyen el derecho al más alto nivel de salud, no padecer hambre, el derecho a la educación, el derecho a la vida y el derecho al desarrollo”, dijo.
Recordó que Venezuela perdió sus derechos de voto en la Asamblea General de la ONU en 2021, por no poder pagar su cuota de membresía debido a restricciones de pago. Además, precisó que existen múltiples resoluciones de la Asamblea General de la ONU (Resoluciones 69/180 de 2014 y 75/181 de 2020) y la ONU en el Consejo de Derechos Humanos (Resoluciones 15/24 de 2010, 45/5 de 2020 y 49/6 de 2022) que condenan estás prácticas por ilegales.
En su artículo, Douhan afirma que, en su carácter como relatora especial de Naciones Unidas y tras consultar con académicos y actores humanitarios, desarrollará “una metodología de evaluación de sanciones uniforme y universal” que le permitirá recopilar y verificar información sobre el impacto de las sanciones unilaterales, con el objetivo de que se reduzcan, eliminen o levanten las MCU.
Gobierno Bolivariano presenta el Mapa Geopolítico de Sanciones
Aunque las ilegales sanciones de Estados Unidos han causado graves daños al país, el Gobierno Bolivariano, liderado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, sigue firme en su dinámica de atender al pueblo, garantizando que los programas sociales en materia de salud, educación, ciencia, tecnología, deporte, cultura, etc, se mantengan; al tiempo que promueve el fortalecimiento de la economía nacional y de sus 18 motores productivos para sostener, con dignidad, la soberanía y el buen vivir de la Patria.
En este sentido, el pasado 20 de junio, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el canciller Yván Gil y el viceministro de Políticas Antibloqueo y gerente del Observatorio Venezolano Antibloqueo, William Castillo presentaron el Mapa Geopolítico de Sanciones, herramienta para la sistematización, estudio y análisis de las MCU.
Con esta plataforma se espera fomentar el “debate, la comprensión y la definición de estrategias y acciones para enfrentar las MCU, un instrumento de la política exterior de Estados o grupos de estados poderosos en contra de otros países, valiéndose para ello de la coerción, el acoso económico y el aislamiento”, refiere una nota de prensa del Observatorio.
La vicepresidenta ejecutiva refirió que es necesario hacer “un abordaje científico al problema que, para el planeta entero, representan las medidas coercitivas y punitivas unilaterales, entendidas por el pueblo como sanciones. Todos hemos experimentado directamente las ‘heridas de la guerra económica’, como las define el presidente Nicolás Maduro”, comentó.
En tanto, el canciller venezolano denunció que el gobierno de Estados Unidos se encuentra en una fase de desespero y eso se evidencia en el hecho de que “más del 96% de los casos las MCU son inútiles, pues no logran sus objetivos” de cambio de gobierno o quiebre de un pueblo.
Finalmente, el viceministro de Políticas Antibloqueo consideró que este mapa parte de la necesidad comunicacional de dar a conocer “información precisa y veraz sobre este tema entre la población venezolana, en cumplimiento de un mandato constitucional y legal”.
