(Caracas, 04 de febrero de 2026).- Los ecosistemas marinos constituyen una base fundamental para el bienestar humano, especialmente en los países en desarrollo donde la pesca artesanal es una fuente esencial de alimentos e influye en factores socioeconómicos como la seguridad alimentaria, los medios de vida y la salud.
En Venezuela, la pesquería artesanal aporta aproximadamente el 75% de las capturas pesqueras nacionales, lo que la hace fundamental para la seguridad alimentaria del país. Sin embargo, múltiples presiones como la sobrepesca, el desarrollo urbano costero, la pérdida de hábitat y el cambio climático afectan la productividad de los océanos.
Estos factores, actuando de manera combinada, pueden alterar significativamente los ecosistemas, modificando la distribución, la abundancia y los ciclos reproductivos de especies de peces clave. Esto reduce la disponibilidad de recursos pesqueros y presiona los sistemas socioecológicos costeros.
Estas transformaciones impactan de manera desigual en la vida de las personas que dependen de los océanos para su subsistencia, poniendo en riesgo sus medios de vida, su nutrición y la estabilidad social. Por ello, evaluar integralmente la vulnerabilidad de los sistemas sociales y naturales al cambio climático resulta urgente para diseñar estrategias de adaptación que protejan este pilar socioeconómico y alimentario de las comunidades.
La vulnerabilidad al cambio climático se refiere a la propensión de un sistema (social, ecológico o de otro tipo) a verse afectado por el mismo. Una evaluación realizada en 147 países indicó que el 87 % de los países menos desarrollados presenta alta vulnerabilidad de sus pesquerías. Venezuela mostró una vulnerabilidad media con un índice de 0,51, debido principalmente a diferencias en la capacidad adaptativa, lo que le dificulta cumplir compromisos globales de reducción de desigualdad y sostenibilidad comunitaria.
En el Laboratorio de Diversidad Biológica del Centro de Crisis Ambiental Global del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (CECAG-IVIC) se desarrolla el proyecto Vulnerabilidad socio-económica: riesgos ante el cambio climático en comunidades asociadas al sistema alimentario pesquero artesanal. Estudio de caso con perspectiva de género e interseccionalidad en la región nor-oriental costera de Venezuela, financiado por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (Fonacit). Este proyecto centra su primera fase (2024-2025) en nueve comunidades de Nueva Esparta.
Al frente de este grupo se encuentra la Dra. María Isabel Arteaga, una investigadora que busca respuestas desde una ciencia situada, y la acompañan las Profesionales Asociadas a la Investigación, Alimar Molero y Stephani Voelger, quienes presentan un proyecto con perspectiva de género y seguridad alimentaria que sitúa a las mujeres en un contexto que va más allá de la pesca artesanal y la asociación del sistema alimentario a la pesquería desde la mirada de las pescadoras y las actividades conexas de este oficio.
Develando las desigualdades
Arteaga señala que «con este trabajo queremos visibilizar la vulnerabilidad económica del sistema social asociado a la pesquería artesanal, sin dejar de mencionar que el cambio climático profundiza las desigualdades preexistentes».
Asimismo, Agrega que «La incorporación de la perspectiva de género e interseccionalidad en el análisis desnaturaliza las desigualdades y permite comprender que estas no son un problema técnico neutral, sino el resultado de estructuras de poder históricas».
Adicionalmente, en este análisis se incorpora como actor necesario la gobernanza local híbrida, organizada en torno a un núcleo comunitario denso integrado por pescadoras y pescadores de las comunidades, así como voceras y voceros de los consejos de pescadores (CONPPA).
Estos actores mantienen vínculos fuertes entre sí, evidencian alta cohesión interna y desempeñan un papel central en la mediación de conflictos y la circulación de información.
La investigadora destaca que es necesario construir nuestra propia historia, tener nuestros propios indicadores locales y nacionales, y darles el peso adecuado a aquellos que reflejan nuestras realidades. Esto implica conocer y caracterizar los territorios, entender las dinámicas sociales y aproximarse a la gobernanza local.
En estas investigaciones han encontrado que en Venezuela «la participación de las mujeres en el sistema pesquero artesanal no muestra una división del trabajo tan marcada por el género como la reportada para otras regiones de Latinoamérica». Así, ellas están presentes en casi todos los eslabones: «Hay mujeres que navegan y pescan, otras descargan y limpian el pescado (‘caletean’), tejen redes, pican, enlatan, transforman y otras administran los recursos».
La doble vulnerabilidad de las mujeres. La interseccionalidad: una mirada necesaria
Las mujeres enfrentan una vulnerabilidad socioeconómica significativamente mayor ¿La razón? El cambio climático actúa como un amplificador de las desigualdades preexistentes.
«Nos hemos encontrado con mujeres extraordinarias que muchas veces enfrentan hasta una triple carga de trabajo: la reducción de las capturas representa menor entrada económica, la falta de diversidad laboral ofrece menos oportunidades de empleo, y la maternidad, unida a ser la única responsable económica en familias monoparentales, las expone aún más a la inestabilidad», destaca Arteaga.
De esta manera, el género se entrelaza con otras condiciones, creando una situación de vulnerabilidad agravada para ellas, que son responsables de una parte crucial del trabajo pesquero —desde el procesamiento hasta la distribución y el sostenimiento familiar-Esta investigación adopta un enfoque interseccional para comprender esta compleja realidad. Esto significa analizar cómo las diferentes condiciones de vida se superponen y potencian los efectos del cambio climático.
«No solo el género, sino también la edad, el nivel socioeconómico, la etnicidad y la ubicación geográfica modulan el nivel de vulnerabilidad», explica la investigadora. En esta investigación buscamos entender cómo estos factores se entrelazan y se potencian.
Adaptación con rostro colectivo y memoria biocultural
Estos proyectos no solamente han permitido ejercer la ciencia como labor de vida, sino que las han ido transformando como seres humanos en un proceso dialógico en el cual intercambian ideas y experiencias con las comunidades. Esto ha permitido comprender mejor los procesos y construir conocimiento de forma intersubjetiva (social) para luego interiorizarlo de manera individual.
La investigadora señala que «a través de estos proyectos hemos establecido una valiosa colaboración con las comunidades costeras. El trabajo ha sido excelente porque ellas y ellos son la parte primordial del proyecto desde su concepción hasta su ejecución».
Además, el apoyo institucional del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca) y del Centro Nacional de Investigación de Pesca y Acuicultura (Cenipa). Esta articulación ha sido posible gracias a la organización social a través de los CONPPA (Comités de Pescadores y Pescadoras) y a la memoria biocultural de las comunidades, facilitando un trabajo colectivo entre los entes rectores y la población local.
Nuestros resultados revelan una estructura de gobernanza híbrida en los territorios organizada en torno a un núcleo comunitario denso integrado por Pescadoras(es) de la comunidad, y Voceros(as) de los Comités de pescadores pescadoras y acuicultores (CONPPA), con vínculos fuertes entre sí que evidencian una alta cohesión interna y un papel central en la mediación de conflictos y la circulación de información en las comunidades pesqueras artesanales.
Frente a este panorama, investigaciones como la del CECAG-IVIC resultan esenciales. Solo entendiendo la complejidad de estas vulnerabilidades se podrán diseñar estrategias de adaptación efectivas y justas que protejan a quienes realmente sostienen la vida en nuestras costas y garantizan la seguridad alimentaria del país.
Todo esto “tributara posteriormente a planes de adaptación territoriales justos y eficaces”. Este enfoque transforma el análisis de la vulnerabilidad en una herramienta para la justicia climática, señalando quiénes son los y las más afectados, por qué lo son, y cómo las intervenciones deben ser diferenciadas para no dejar a nadie atrás.
Mincyt/Prensa/Con información del IVIC
